“Controversia sobre el estándar de prueba entre el proceso civil y el penal”

Por Guillermo S. Penza

 

      Es conteste la doctrina procesal sobre la necesidad de un estadar superior para tener por probada la hipótesis fáctica en el proceso penal.

      En el proceso penal se requiere la “certeza” o “certeza moral” a diferencia del  civil, en el que se considera suficiente “la probabilidad prevalente”.

      Es decir que la “certeza” sería  un estandar más elevado que el de “probabilidad prevalente”, veremos si es posible sostener tal afirmación.

     A nuestro criterio, para profundizar el análisis del planteo se debe superar una seudo disputa originada en un equívoco verbal.

     Michelle Taruffo sostiene que la regla  in dubio pro reo  es una  distorsión estructural en el criterio de decisión, que le exige al juzgador que en caso de subsistir una duda, luego que  todas las pruebas hayan sido consideradas, debe pronunciarse por la inocencia del acusado[1].

     El profesor Perfecto Andrés Ibáñez afirma que “no cabe sostener una diferencia ontológica entre el principio de inocencia y el in dubio por reo, por razón de su modo de incidir en el fenómeno probatorio”[2].

      En la Argentina el in dubio pro reo es considerado una garantía constitucional, emanada del principio de inocencia (art. 8.2, CADH; art. 14.2, PIDCP, art. 75 inc. 22 Constitución Nacional), que exige que se pruebe la culpabilidad (art. 14.2, PIDCP)  más allá de cualquier duda razonable.

     La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina requiere el estándar de certeza para condenar a un acusado, pauta que entiende derivada del principio de inocencia. [3]

     Ahora bien, a nuestro criterio el principio de inocencia operaría como inversión de la carga de la prueba, le corresponde al Fiscal o al Juez- según el caso- probar la culpabilidad, la regla del in dubio pro reo debe usarse al momento de valorar la prueba y la certeza –más allá de toda duda razonable-, constituye un estándar.

      La legislación laboral Argentina  prevé la regla in dubio pro operario en materia probatoria y actúan en relación al estándar de probabilidad prevalente del proceso civil[4].

      Es momento de aclarar la pseudo disputa originada en un equívoco verbal.



[1] Cfr. Michele, TARUFFO, Algunos comentarios sobre la valoración de la prueba, Edición digital a partir de Discusiones: Prueba y conocimiento, núm. 3 (2003), pp. 81-97.

 

[2] Andrés, IBÁÑEZ, Sobre prueba y proceso penal, Edición digital a partir de Discusiones: Prueba y conocimiento, núm. 3 (2003), pp. 55-66.

[3] “Que, en tales condiciones, la opción en favor de la condena de Miguel sobre la base de reconocimientos impropios que carecen de apoyatura en otros elementos de convicción, cuando a su vez existen numerosas pruebas que incriminan a un tercero, afecta el principio del indubio pro reo que deriva de la presunción de inocencia (art. 18 Constitución Nacional y arts. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional—), y su no aplicación al caso descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido en la medida en que obedece a un proceder claramente arbitrario que, en el sub lite, se traduce en la privación de libertad de una persona por un prolongado lapso sin que mediare sentencia fundada en ley. En consecuencia, dado que la condena se ha basado fundamentalmente en el reconocimiento impropio cuestionado, la privación de su calidad de prueba dirimente trae aparejada la imposibilidad de cerrar un juicio de imputación penal afianzado en la certeza acerca de la intervención delictiva del recurrente, motivo por el cual el tribunal a quo, al conferir a esos actos procesales tan categórico carácter para confirmar el fallo condenatorio, afectó no sólo el principio de inocencia sino también las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso” Miguel, Jorge A. D.,12/12/2006, CSJN: 329:5629.

[4] Artículo 9 de la LCT: “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”

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“Una consideración amateur de la ética”

Por Guillermo S. Penza

La primera referencia a la ética se alumbra en nuestro reconocimiento al escaso bagaje teórico con que contamos como para reflexionar con cierto rigor sobre el tema. Porque ello es cierto, es que advertimos en el título sobre el carácter de nuestras consideraciones y el término amateur resultó ser el más digno al que pudimos echar mano.

Sin perjuicio de estar conscientes que formularemos  planteos que seguramente han sido superados, estimamos que todo ser humano, especie de la que  nos jactamos de pertenecer, posee el derecho a reflexionar sobre la ética sin pretensión de erudicción y ello simplemente porque la ética se ocupa de lo que es bueno para nosotros y sobre esta cuestión vaya que tenemos derecho a participar.

El objeto formal de la ética es el bien del hombre, ello como saber teórico y  el objeto material, como saber práctico, opera sobre la conducta, mandando a realizar precisamente ese bien.

Indudablemente a partir de Núremberg el derecho ha incorporado a la moral y como consecuencia nacieron nuevas exigencias para sus operadores, más no debe soslayarse que el cambio de paradigma se alumbró en un proceso que culminó con ejecuciones, en clara violación al derecho primero del hombre.

            En este trabajo pretendemos definir nada menos que el bien del hombre y el modo para alcanzarlo, que no es otro que el cumplimiento de las normas morales. Nos ocuparemos también de los juicios de valor sobre la conducta,  para concluir con el tratamiento de la ética judicial.

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"El Cruce"

Por Guillermo S. Penza

El maestro Nino, citando a Waiman, nos enseña que en la sociedad argentina existía (existe) un  sistema de  valores vigentes en ciertos sectores que  atribuye primacía axiológica a un mítico ser nacional, que no se identifica con ningún rasgo empírico, ni con la historia de la Nación, ni con la voluntad del pueblo, ni con la Constitución Nacional.

Estos sectores –como la iglesia, las Fuerzas Armadas  y los grupos productivos, como consecuencia de considerarse a sí mismos privilegiados en el entendimiento, estarían en capacidad  de percibir conspiraciones, enemigos múltiples, difusos y subterráneos contra la República, y que  tienen por este atributo, un derecho y una responsabilidad especial para defenderla, aún a costa de los derechos de los individuos y de violar las propias leyes de la República[1].



[1] Cfr. NINO, Carlos, Un país al margen de la ley, Emecé, Buenos Aires, 1992, p. 21

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"Kareken"

Por Guillermo S. Penza

INTRODUCCION

    El vocablo Kareken en lengua Selkman puede traducirse al castellano como  trabajando, el título del informe preanuncia la intención de abordar la temática laboral en el pueblo originario fueguino.

    La consigna  que nos proponemos es  la de identificar  las instituciones jurídicas laborales de la Nación Selkman.

    Ahora bien, nuestra guía es la producción “Instituciones Jurídicas de una Nación Fueguina: Los Selknam” [1], del Doctor Ricardo David Rabinovich Berkman. Como ius laboralista aspiramos a decantar del “zumo jurídico” extraído por el Doctor Rabinovich-Berkman de la obra de Gusinde, aquellas instituciones propias del derecho laboral, si ello fuera posible.



[1]   Revista Historia del Derecho, Nº 13, Instituto Historia del Derecho, Buenos Aires, 1.985.

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 “El cuerpo médico  forense del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego”  

Por Guillermo S. Penza


 

Introducción

Entre las distintas dependencias del Poder Judicial de Tierra del Fuego, me despertó un especial interés el cuerpo médico forense.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego no cuenta con protocolos ni informes referidos  al funcionamiento del cuerpo médico forense y al respecto la bibliografía disponible en las bibliotecas provinciales resulta muy escasa.

Para la elaboración del informe se realizaron  entrevistas a los integrantes del cuerpo médico forense, se relevaron  los diferentes  ámbitos de la dependencia,  se consultó a profesionales en seguridad de higienes,  se revisaron   las distintas actuaciones administrativas y  se recurrió a  la escasa bibliografía disponible.

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“Entre dudas, probabilidades y certezas”

Por Guillermo S. Penza

Introducción

 

          La reforma al artículo 9º de la Ley de Contrato de Trabajo sigue despertando polémicas que se encuentran bien diferenciadas en el ámbito tribunalicio, entre los iuslaboralistas que representan a la parte trabajadora y quienes lo hacen para la parte empresaria, cuestión que nos permite percibir que  la discusión se  resume a un encuentro de intereses, pero en el ámbito académico las discrepancias suelen trasuntar un posicionamiento  ideológico.

La Ley 21.297 del gobierno militar publicada el 29 de abril de 1.976, fue dictada a menos de un mes del sangriento golpe de estado. Es evidente que la premura viene a develar que   existía una urgencia manifiesta de cierto sector empresario connivente con la dictadura, alarmado por el nuevo régimen progresista de la Ley 20.744 (LCT). La reforma implicó la derogación de veintisiete  artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y la modificación de otros noventa y nueve.

         Indudablemente los principios   que inspiraban el régimen laboral vigente entonces, no eran compartida por los represores y menos aún por sus socios civiles, no sólo es posible afirmarlo por la  mutilación al cuerpo normativo, sino porque el ideólogo de la Ley 20.744, el Profesor Norberto Centeno, fue una de sus víctimas.

        Entre las modificaciones del régimen laboral por parte de la dictadura,  se encuentra la supresión de la regla del in dubio pro operario en materia probatoria.

     Ley 26.428 (B.O. 26/12/2008) aunque tardíamente, repara una histórica injusticia y restablece la directiva, que en la actualidad prevé: “En caso de duda (...) si esta recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.

      Hasta aquí, un muy breve raconto histórico de los vaivenes de la regla, veamos las distintas posiciones doctrinarias que se presentan en la actualidad.    

   

 

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“Análisis de la tensión entre el derecho a la educación y el derecho de huelga”

por Guillermo S. Penza

Introducción.

 

Al inicio del ciclo escolar tomamos conocimiento del fallo “Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires c/ Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y Otro s/Amparo”.

El  tema despierta interés, no sólo por ser una realidad que se replica en todo el país, sino por la discusión, todavía abierta, sobre la tensión entre derechos de rango constitucional.

Analizaremos los principales argumentos de la decisión utilizados para fundar la existencia de la verosimilitud del derecho. Pero no sólo nos arriesgaremos a la tarea del análisis crítico, sino que nos atreveremos a formular nuestras propias opiniones.

 

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“La garantía de una facultad”

por Guillermo S. Penza

Introducción

 

            La huelga es la abstención colectiva concertada  dispuesta con el objeto de lograr una presión en apoyo al reclamo de un interés profesional. Ahora bien, de acuerdo al diseño constitucional, los gremios cuentan con la alternativa de la conciliación y del arbitraje   para resolver una situación de  conflicto.

            Es decir que en situación de estancamiento  [1], que es la instancia en que las partes no pueden autocomponer sus diferencias mediante el diálogo o por medio de la conciliación o el arbitraje voluntario,  la asociación sindical para imponerse en tales circunstancias, puede recurrir a los medios lícitos de presión, es decir la huelga o dirimir el conflicto recurriendo al arbitraje  facultativo.

            Para ello debemos  establecer que el arbitraje, que denominamos como facultativo o potestativo -discrecional para el sindicato y obligatorio para el empleador-, es el previsto en la Constitución Nacional.

            Para una mayor comprensión debemos saber que el arbitraje es voluntario cuando su aplicación es concertada por las partes en conflicto y es obligatorio frente a dos alternativas; cuando es impuesto por un tercero a las partes o cuando una de las partes tiene la facultad de imponerlo a su contraria.



[1]
     “Un concepto amplio de conflictos laborales ha sido proporcionado por Pérez Botija, quien los define como <toda serie de fricciones susceptibles de producirse en las relaciones laborales>”.CASTILLEJOS DE ARIAS, Olga, Resolución de conflictos laborales por métodos alternativos, Astrea, Buenos Aires, 2.003, p. 40.
 

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"Ben tenía razón"

Por Guillermo S. Penza

Introducción

 

           Con relativo acierto se  sostiene que el antídoto para  la práctica de muchos hombres de utilizar a sus congéneres como  recursos han sido los derechos humanos, a los que se les reconoce  la función  de denunciar las explotaciones, la desigualdad y  la exclusión social.      

       El primer interrogante que nos formulamos es sobre  la suficiencia de su reconocimiento en los tratados y en nuestro caso, su reconocimiento con rango constitucional.

      Días pasados se abrió un debate en la Argentina en torno a la deportación de extranjeros, discusión  que se  desarrolló con mayor profundidad en Europa, con resultados realmente alarmantes.

Es común escuchar en nuestra provincia  argumentos, que por lo bajo, sostienen  una solución similar para los casos de usurpación.

La cuestión me llamó a la reflexión y agotado, por mi escasa capacidad de análisis, me dispuse a distraerme con la televisión, paseando los canales con el control remoto me llamó la atención la escena de una película.

Con profunda convicción, rodeado de entusiastas jóvenes universitarios, Joe Wilson, nos proporciona algunas pistas acerca de nuestro interrogante:

 

“En 1787 cuando Benjamin Franklin dejaba el “Constitution Hall” luego de la última sesión, fue detenido en la calle por una mujer que le preguntó: <Qué clase de gobierno nos van a legar?>.

Ben dijo: <Una república señora. Si ustedes pueden sostenerla.>

La responsabilidad por este país no yace en las manos de unos pocos privilegiados. Somos fuertes y somos libres de la tiranía sólo, mientras y hasta que cada uno de nosotros recuerde su obligación como ciudadano.

Desde un bache al final de su calle hasta una mentira del Estado, alza la voz, has la pregunta, demanda la verdad.

La democracia no es un paseo gratis.

Hombre, estoy aquí para decirles eso. Aquí es donde vivimos. Si hacemos nuestro trabajo, es donde nuestros hijos van a vivir. Dios bendiga América”.

 

 

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